EJE INSTITUCIONALIDAD

Reestructuración de Instituciones Públicas, Equidad y Lucha contra la corrupción

Una de las principales demandas ciudadanas ha sido la lucha contra todos los actos de corrupción que en los últimos años se ha visto sobre todo en cargos de autoridades públicas. Por esto, es fundamental reordenar el país desde casa adentro, por medio de una re estructuración de las instituciones públicas en las siguientes actividades:

• Reformas que orienten la equidad de género en el servicio público, sobre todo en los cargos de autoridad, o la paridad de los mismos para fomentar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones no solo en espacios políticos sino en cargos públicos, para lo que se requiere revisar el Proyecto de Ley Orgánico de Paridad entre hombres y mujeres en la participación y representación pública, así como posiciones de liderazgo en el sector público.

• • Fortalecer la implementación de un Sistema de Gestión y Seguimiento de Leyes

• • Priorizar Leyes Pendientes para sancionar la corrupción y el soborno.

• • Se debe desarrollar un sistema ágil de control estatal. Hay que romper con un control burocratizado y trabajar de manera integrada el rol del control administrativo de los recursos públicos, el control del cumplimiento de políticas públicas, el control técnico, el control social y otros.

• • Fomentar el fortalecimiento del parlamento abierto a través de acciones encaminadas a una participación integral de la colectividad en las actividades legislativas dentro de los procesos de tratamiento de los proyectos de ley.

Fiscalizar para la sociedad

La Asamblea Nacional tiene como mandato constitucional y de conformidad con la Ley de la Función Legislativa, fiscalizar los actos de la Función Ejecutiva, Electoral y de Transparencias y Control Social, así como otros órganos de poder público, lo que significa velar y controlar que todas las acciones públicas estén enmarcadas en la Constitución y las leyes.

La fiscalización también alcanza al escrutinio de la actuación de cualquier funcionario público, o sobre actos de interés ciudadano que hayan generado conmoción social o crisis política. Una democracia madura no debe entender a la fiscalización como un ejercicio de persecución política; sino como el seguimiento a la correcta aplicación de los principios constitucionales y de las normas legales vigentes.

La ley no responde a las necesidades sociales sin una correcta y oportuna aplicación. Es fundamental institucionalizar los mecanismos de seguimiento y vigilancia de la ley, con énfasis en la generación de normativa secundaria, complementaria y reglamentaria, que garantice su utilidad ciudadana. Naturalmente también se debe fiscalizar de manera intransigente faltas de honradez y de transparencia en el manejo de la cosa pública. Se debe ampliar la fiscalización de lo que sea necesario y lo que la gente solicite, pero entendiendo que, en una democracia moderna, la fiscalización no debe ser un show de revancha o venganza política, sino vigilar el cumplimiento de la ley y el predominio de los intereses públicos sobre los particulares, que asegure el cumplimiento pleno de la ética pública y sea una herramienta al servicio de la sociedad y no de la fuerza política de turno; de modo que, se evite que la herramienta sacie los apetitos y personalismos políticos. El reto de fortalecer la función de control-fiscalización de la Asamblea Nacional implica reconocer la naturaleza representativa de la institución parlamentaria. Ese control, es de especial relevancia, se puede traducir en funciones para vigilar el cumplimiento de la ley y el predominio de los intereses públicos sobre los particulares.

Gobernabilidad Democrática

La Constitución promueve la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, a través de iniciativas ciudadanas. Estos procesos involucran, comprometen y hacen corresponsables a las comunidades. La participación enriquece el proceso legislativo. Promoviendo la asistencia de los ciudadanos a la discusión y el debate en las comisiones correspondientes, consultas pre-legislativas, así como audiencias públicas y otros mecanismos de participación. La real participación de la ciudadanía es una de las estrategias centrales para la profundización democrática y un elemento trascendental en la lucha contra la corrupción. Por ello, la próxima Asamblea se debe comprometer a vigilar que la Función de Control Social desarrolle veedurías ciudadanas y los procesos de rendición de cuentas en todas las instancias y entidades públicas.

Promover un parlamento abierto: legislar en armonía con los derechos y las libertades individuales; y, las responsabilidades ciudadanas. En este sentido, debemos priorizar al ser humano, sobre la economía, y garantizar los derechos y libertades. También para promover la responsabilidad ciudadana, la corresponsabilidad social y fortalecer el poder popular. La próxima legislatura debe hacer efectivos los enfoques de igualdad, la participación, interculturalidad y la plurinacionalidad. • Impulsar reformas de gobierno abierto y transparencia en las instituciones públicas y los gobiernos locales, en búsqueda de una participación de la ciudadanía adaptada a la realidad actual de la virtualidad, para legitimar el correcto funcionamiento de lo público con la ciudadanía • Actualización de herramientas tecnológicas en las actividades de la Asamblea Nacional como votos electrónicos en pleno, comisiones y foros ciudadanos virtuales. • Capacitaciones a los servidores públicos y funcionarios de la Asamblea Nacional como la ampliación de cursos dirigidos a la ciudadanía de socialización de leyes y temas competentes a la función legislativa • Articulación con actores en territorio para la generación y socialización de leyes, como pueden ser las radios comunitarias en proyectos de vinculación con la Radio de la Asamblea Nacional. • Evaluar con mayor periodicidad la gestión de la Asamblea de manera interna y también por medio de mecanismos virtuales con la ciudadanía.